Hace diez años, los adolescentes de 16 y 17 años se sumaron oficialmente a las urnas. Desde entonces, el llamado “voto joven” se convirtió en un termómetro clave para observar cómo se vinculan las nuevas generaciones con la política. Un informe de CIPPEC y Unicef revela que la participación adolescente en las elecciones nacionales promedió el 55%, con asimetrías pronunciadas entre provincias y una paradoja persistente: hay interés por votar, pero también una fuerte desconfianza hacia la dirigencia. En términos generales, el voto joven permitió el acceso al sufragio a más de la mitad de los adolescentes del país.

En ese escenario, Tucumán ocupa un lugar particular. Entre 2015 y 2019 fue una de las provincias donde más aumentó la participación de los adolescentes, y también lideró la consulta nacional de 2023. A la vez, en la provincia emergen con fuerza espacios como los centros de estudiantes, la militancia barrial y el activismo en redes, que funcionan como puertas de entrada a la vida pública.

El mapa nacional muestra contrastes: mientras en distritos como Santiago del Estero y Formosa el promedio de participación juvenil ronda el 70%, en Tierra del Fuego apenas supera el 35%. Tucumán, en cambio, aparece en un punto medio con una particularidad: logró revertir la tendencia descendente y hoy sus cifras despiertan atención a nivel federal.

Un poco de historia

Por voto joven se entiende el derecho otorgado a las personas de 16 y 17 años, nativos, por opción o naturalizados argentinos, a ejercer el derecho al voto y elegir a sus representantes si lo desean. En la Argentina, el voto es secreto, universal y obligatorio a partir de los 18 años. 

Los electores de 15 años que cumplan los 16 hasta el día en que se realiza la elección, inclusive, podrán votar. Para esto es necesario que realicen la actualización de su DNI de los 14 años y ser inscripto en el padrón electoral.

A nivel federal, el derecho fue sancionado en octubre de 2012, cuando el Congreso de la Nación aprobó la Ley N° 26.774, de Ciudadanía Argentina, más popularmente conocida como Ley de Voto Joven. Con posterioridad, la mayoría de las provincias también adaptaron su legislación para ampliar el derecho al voto en las elecciones provinciales a los jóvenes de entre 16 y 17 años. Tucumán lo hizo en 2019.

Un hábito que se construye

La participación adolescente no es uniforme. El informe de CIPPEC y Unicef detalla que los adolescentes votan más en elecciones presidenciales que en legislativas, y que al igual que el resto del electorado, la pandemia golpeó en 2021 con una baja notoria. Sin embargo, las encuestas mostraron que casi nueve de cada diez jóvenes habilitados declararon que votaron en 2023.

Los especialistas hablan del voto como un hábito: una primera experiencia positiva predispone a repetirlo. Allí aparece un desafío central: cómo garantizar que los adolescentes tengan información clara sobre qué se vota, cómo hacerlo y cuáles son las propuestas de los candidatos. El 44% de los consultados admitió que le falta información sobre el proceso electoral y tres de cada diez dijeron no sentirse suficientemente informados sobre las plataformas de los partidos.

El caso tucumano: crecimiento y restricciones

La participación en la provincia muestra un repunte significativo. Entre las elecciones presidenciales de 2015 y 2019, el porcentaje de votantes de 16 y 17 años creció entre 11 y 14 puntos, una de las subas más altas del país. Este salto contrasta con provincias que, en el mismo período, registraron caídas de hasta 8 puntos.

Pero en 2015 se vivió una situación particular: los adolescentes tucumanos pudieron votar para presidente y diputados nacionales -alrededor de 24 mil jóvenes habilitados-, pero no para gobernador, intendentes ni legisladores provinciales. La Justicia local declaró inconstitucional la norma que habilitaba el voto joven en cargos locales, por considerar que la Constitución provincial solo permitía votar a los mayores de 18. Así, existieron dos padrones distintos: uno nacional y otro provincial.

Recién en elecciones posteriores la Provincia habilitó progresivamente el voto joven para cargos locales. En 2017, en las legislativas nacionales de medio término, participaron cerca de 30 mil adolescentes, con un nivel de asistencia estimado en el 62%, uno de los más altos del país. 

La gran novedad llegó en 2019, cuando por primera vez se aplicó en las elecciones provinciales: 23.400 adolescentes estuvieron habilitados para elegir gobernador, vice, legisladores e intendentes. Ese mismo año, en los comicios nacionales, el padrón juvenil trepó a 35.713 tucumanos, cerca del 3% del total provincial. En 2021, la cifra fue de 26.906 jóvenes (2,1% del padrón), mientras que en 2023 el número ascendió a 43.127 electores de 16 y 17 años, habilitados tanto en los comicios nacionales como en las provinciales.

El análisis federal revela un panorama heterogéneo. Provincias como Santiago del Estero, Formosa, Jujuy y Catamarca superan ampliamente el promedio nacional de participación adolescente. En el otro extremo, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Santa Fe registran los números más bajos.

Tucumán se ubica en un rango intermedio, pero con la particularidad de haber revertido la caída y mostrar un crecimiento sostenido en los últimos años. Esto abre un interrogante: ¿qué factores explican que en la provincia los adolescentes estén más predispuestos a votar? Los especialistas apuntan al peso de la tradición política local, la influencia familiar y el rol que juegan las escuelas en transmitir el valor del sufragio.

Nuevas formas de involucrarse

El voto es apenas una de las maneras en que los adolescentes se vinculan con la vida pública. Según el informe, más de la mitad de los miembros de este segmento realizó alguna actividad relacionada con la política en el último año: desde integrar un centro de estudiantes hasta militar en una agrupación, participar de voluntariados o expresarse en redes sociales.

Los centros de estudiantes aparecen como espacios privilegiados para aprender reglas democráticas en un ámbito cercano. En Tucumán, cada vez más establecimientos educativos los reconocen como instancias legítimas de representación y debate. Lo mismo sucede con la militancia barrial y el activismo comunitario.

Las redes sociales, por su parte, amplifican voces. Aunque muchas veces se las asocie con apatía, los datos muestran lo contrario: firmar peticiones online, compartir información política o seguir a candidatos son acciones frecuentes que terminan impactando en la vida offline.

La paradoja de la confianza

Aunque los adolescentes muestran interés en votar y participar, el informe advierte una brecha preocupante: el 80% dice tener poca o ninguna confianza en la dirigencia política.

Esta desconfianza aumenta con la edad, lo que plantea un reto a futuro: cómo lograr que la participación se traduzca en representación y que los temas que preocupan a este sector lleguen a la agenda pública.